Hoy se cumplen los tres días de plazo para que las partes vinculadas a la causa de apelación de la acción de protección interpuesta por Teleamazonas soliciten una aclaración o ampliación de la sentencia emitida por la Primera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.    
   
La notificación de la sentencia de 33 fojas (páginas), fue expedida el martes, por lo que desde ese día las partes tuvieron tres días para solicitar cualquiera de las dos acciones legales señaladas anteriormente.  

Hasta el medio día de ayer no llegó ningún pedido a la Sala, presidida por el juez Patricio Arízaga.

La resolución de los jueces determina que la decisión de la Superintendencia de Telecomunicaciones del 21 de diciembre de 2009 que generó el 22 de diciembre la suspensión de la  programación por 72 horas del medio de comunicación,  vulneró los derechos constitucionales.   

La sanción de la Superintendencia de Telecomunicaciones se dio debido a que la televisora habría transmitido en su noticiero nocturno del 22 de mayo de 2009, una noticia basada en supuestos, al señalar que la exploración de gas en la Isla Puná traería repercusiones en la actividad pesquera de la zona.       

Con este antecedente, los jueces de la Primera Sala manifestaron que la sanción expedida a Teleamazonas se enmarca en el ámbito administrativo al ser reincidente. Si bien los judiciales reconocieron que la Superintendencia es un organismo técnico de vigilancia y control, también indicaron que la información vertida no vulneró los derechos de los pobladores de Puná. Por consiguiente, dieron paso a la apelación de la acción de protección que le fue negada en primera instancia por el Juzgado Octavo de la Niñez y Adolescencia de Pichincha, al gerente del canal, Sebastián Corral. 

Los ministros-jueces consideraron que desde que se notificó a Teleamazonas con la sanción se afectaron algunas garantías básicas que dificultaron “una defensa óptima, adecuada y oportuna”.

El documento precisa que el no derecho a la defensa del accionante sirvió de “escudo de protección”, al no contar con el tiempo adecuado para presentar argumentos contra el organismo sancionador de la falta.

La sentencia especifica que la suspensión es un mecanismo que en definitiva “limita el derecho de la ciudadanía a los beneficios derivados de la comunicación”. Asimismo, expresaron que los argumentos propuestos por la Superintendencia no ofrecen una explicación jurídica satisfactoria.

La Sala reiteró que al ser un acto administrativo, la Constitución determina que éste debe ser impugnado por la misma vía, en la Función Judicial. 

En cuanto al derecho a la libertad de pensamiento, comunicación e información precisaron que fueron vulnerados no solo  los derechos de los trabajadores, sino de la ciudadanía.

Ante este análisis, dieron paso a que la estación televisiva exija una indemnización por daños y perjuicios.

El superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, se mostró ayer contrariado por la decisión de las autoridades de justicia. El funcionario afirmó que la sentencia “deja sin piso las acciones que como Estado ecuatoriano deberían tomar los organismos que están llamados a controlar la prestación de servicios de telecomunicaciones".

Para Jaramillo, la sentencia "deja insuficiente toda acción que ha tomado la Superintendencia e igualmente las que puedan ocurrir de ahora en adelante".  

Sin embargo, no se refirió a las acciones que podría tomar,  una vez que se conoció la sentencia.

Pablo Ortiz, abogado del canal, dijo que esperará a que se cumpla el plazo para ver qué acción tomar. Sin embargo, dio a conocer que el lunes tiene previsto reunirse con los directivos  para analizar el monto de la indemnización que -al momento- atraviesa por un estudio técnico. Pese a que se buscó una reacción por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones no hubo respuesta.